Hace aproximadamente un año el Gobierno estreno la nueva Ley de Vivienda. Ésta regula el mercado de alquiler de nuestro país, no obstante, hay algunos tipos, como los turísticos o de temporada, que no están regulados por esta normativa.
Debido a esto, muchos son los que han decidido cambiar sus alquileres tradicionales a alguna de estas posibilidades y, así, no estar condicionados por las nuevas restricciones de la Ley de Vivienda como, por ejemplo, el límite de la subida del alquiler.
Esto ha hecho que el Gobierno comience a elaborar una serie de medidas para controlar también estas modalidades de alquiler.
Si bien la Ley de Vivienda ofrece ventajas a ciertos propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler, como la reducción en el IRPF de hasta el 90% en las rentas derivadas del arrendamiento, muchos de ellos prefieren no tener que estar supeditados a las normas que establece la nueva normativa.
Por ello, como hemos mencionado anteriormente, en los últimos meses, muchos de ellos han optado por pasarse al alquiler de temporada o turístico, que no están regulados por la Ley y, de esta manera, poder establecer el precio del alquiler que consideren oportuno.
No obstante, y a pesar de que el Gobierno no preveía regular los alquileres de uso distinto al de vivienda habitual, avanza hacia hacerlo en los próximos meses. De hecho, a finales de 2023 creó un grupo de trabajo para empezar a establecer ciertos parámetros para regularlos.
¿Qué es una vivienda de temporada?
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) recoge en su artículo 3 que el alquiler de temporada regula los arrendamientos de inmuebles por un determinado período de tiempo para una “actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente”. Por lo tanto, un piso de temporada es toda aquella vivienda que no se destina a vivienda habitual y permanente del inquilino, sino como residencia durante un periodo de tiempo determinado.
Estos alquileres de temporada se rigen por la LAU y el Código Civil; es decir, están fuera del límite de precios y de duración que estipula la Ley de Vivienda. Por el contrario, la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler tradicional es de cinco años y, como hemos mencionado, están regulados por la Ley de Vivienda, con todo lo que ello conlleva.
¿Qué medidas se van a tomar desde el Gobierno?
De momento, desde el Gobierno no han trascendido las medidas concretas que se tomarán al respecto, pero sí que algunas fuentes han asegurado que pretenden tener más regularizados los alquileres de temporada en un plazo de seis meses y que el principal objetivo será “establecer una diferenciación entre los contratos de arrendamiento de vivienda tradicionales de los de temporada”, de una forma más concreta.
La prioridad es encontrar soluciones lo antes posible a este traspaso de vivienda de alquiler tradicional al de temporada. El grupo de trabajo que las lleva a cabo está coordinado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y en él participarán los ministerios de Economía y Presidencia, y la Secretaría General de Asuntos Económicos del Gobierno.
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¡Nos leemos en el siguiente post!